La APM defiende a los periodistas que cubrieron informativamente la visita de una viuda víctima del terrorismo al presidente de la Junta de Extremadura

La Asociación de la Prensa de Mérida (APM) quiere hacer, en torno al tratamiento dado por los periodistas de Mérida a la visita de una viuda víctima del terrorismo, quien acompañada de su hija se entrevistó recientemente con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, unas consideraciones como respuesta a las afirmaciones hechas por el propio Presidente durante un mitin celebrado el pasado viernes en Mérida.
En primer lugar, el trato dado por los profesionales de la información a la persona entrevistada durante los minutos que duró el encuentro fue totalmente correcto y educado. La entrevistada no quiso explicar los motivos y contenido de su visita al Presidente, visita que los medios de comunicación conocían por haber sido convocados desde el Gabinete de Prensa de la Junta de Extremadura.
Los periodistas allí presentes optaron entonces por preguntar en torno a los hechos que, relacionados con el terrorismo, estaban y están de actualidad permanente en el ámbito nacional, sin hacer otra cosa que cumplir con su obligación profesional. En la configuración de la actualidad sobre ese desgraciado y escabroso asunto del terrorismo tienen mucho que ver los políticos que, de uno y otro signo, apoyados desde ciertas tertulias y foros mediáticos, constantemente llenan páginas y espacios de declaraciones al respecto.
Por otra parte, no se pueden generalizar a toda la profesión del periodismo las actitudades escasamente éticas de unos pocos, como también sería igualmente injusto hacer lo mismo con toda la clase política.
Tampoco se puede culpar a los profesionales de la línea seguida por sus empresas y editores.
Desgraciadamente, la profesión periodística sigue siendo la asignatura pendiente de los legisladores, que además de postergar indefinidamente la elaboración de un Estatuto Profesional, tantas veces solicitado desde la profesión, siguen consintiendo que la vigente legislación en materia de prensa sea la franquista Ley de Fraga de 1966, derogada en parte por la Constitución Española de 1978.
En la actualidad, para bien o para mal, la libertad de expresión sólo tiene límites en lo que establezcan los tribunales de justicia, a los que se puede recurrir cuando una persona o representante público se sienta perseguido o sienta lesionados sus derechos.
Además, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) tiene una Comisión de Asuntos Deontológicos a la que se puede recurrir si se estima oportuno.