La APM denuncia presiones y acoso a periodistas en Tierra de Barros
La Asociación de la Prensa de Mérida (APM) quiere denunciar públicamente la situación de presiones y acoso permanente que viven periodistas de Tierra de Barros con motivo de la polémica en torno a la instalación de una refinería de petróleo.
El pasado viernes día 15, varios periodistas fueron insultados por miembros de la Plataforma Refinería NO concentrados a la puerta de VIÑEXSA, en cuyas instalaciones se celebraba un acto.
Desgraciadamente, no se trata de un hecho aislado. De un tiempo a esta parte, periodistas y medios de comunicación de Tierra de Barros no solamente son insultados, sino también amenazados, tanto en actos públicos como en foros de internet.
Cualquier restricción al ejercicio profesional de informar sobre temas que interesan al ciudadano tiene que ser condenada y desterrada en la vida social ordinaria porque daña la democracia y la convivencia. El derecho a informar es consustancial en un sistema de convivencia y requiere de la contribución y el compromiso de todos, especialmente de los dirigentes políticos y sociales.
Estos hechos que acontecen en Tierra de Barros no son exclusivos de Extremadura. En algunas de las recientes manifestaciones ciudadanas, como la celebrada hace unos días en Murcia, algunos grupos han agredido y amenazado a los periodistas, y tuvieron que cesar en el ejercicio de su deber de informar. Tales actos son ilegales y deben ser condenados y rechazados.
La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), en la que está integrada la APM, ha condenado esos actos y ha instado a los líderes sociales, a los que organizaban y encabezaban la manifestación, a que se sumen a esta condena, pues de lo contrario se contribuye a que vuelvan a repetirse en situaciones semejantes.
Asimismo, la FAPE ha condenado la exclusión que la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, hizo en un acto académico con alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) a periodistas de la Cadena COPE. Exclusiones de este tipo deterioran la convivencia, debilitan la democracia y restringen la libertad de expresión.
